Derechos laborales
Estudio de ARAG
Disminuye un 15% el número de trabajadores que se asesoran sobre sus derechos laborales
En sólo un año se ha duplicado el número de trabajadores que, ante una mala situación laboral, opta por el conformismo y la pasividad
Siete de cada diez españoles, es decir, un 68,7%, considera que las empresas no aplican correctamente la legislación que defiende los derechos de los trabajadores; además, la gran mayoría encuentra dificultades para hacer valer sus derechos y cree que las empresas velan más por sus intereses que por los derechos de los empleados. Son las principales conclusiones de la segunda oleada del IV Estudio ARAG, centrado en 'La confianza en el entorno laboral', que ayer presentó en Madrid el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1999-2000) y actual Defensor del Asegurado de la compañía, Manuel Pimentel.
De acuerdo con el estudio, el nivel de confianza en el entorno laboral español ha disminuído: cuatro de cada diez españoles no hace nada cuando tiene un problema de tipo legal en el trabajo y, ante reestructuraciones, modificaciones en sus funciones o cambios en las condiciones laborales, opta por no actuar ya que creen que su actuación les supondría un proceso demasiado largo (77% de los casos) y les costaría mucho tiempo para acabar consiguiendo muy poco (71%). Además, el ranking de problemas y dudas legales del entorno laboral más frecuente lo encabezan las condiciones de trabajo (jornada, turno, convenio y salario), seguido de la extinción del contrato (razones de despido, finiquitos, finalización de contratos temporales) y de las prestaciones públicas (paro, jubilación, pensiones o subsidios), principales temas motivo de consulta.
Aumenta el conformismo
La segunda oleada de este estudio, que se ha comparado con el estudio realizado hace un año, llama la atención sobre el mayor conformismo, destacando unos datos que han variado mucho de 2010 a 2011, ya que ante una situación de despido: un 24% prefiere firmar la carta de despido y el finiquito sin más (un 12% en la primera oleada); un 47% firma la carta de despido y el finiquito pero se asesora de que esté todo correcto (frente al 62% de hace un año); un 21% no firma porque quiere comprobar que todo está correcto (20% en la primera oleada del estudio); y un 8% no sabe o no contesta (un 6% en 2010). En este sentido, el dato que más destaca es que ha disminuído un 15% los españoles que firma el despido pero se asesora antes de que todo sea correcto. El estudio detecta, por tanto, que hay una crisis de confianza y subraya que, en solo un año, se ha duplicado el número de trabajadores que ante una situación de despido confiaría en que su empresa ha hecho lo apropiado.
Además, los trabajadores que deciden informarse o reclamar acuden primero al abogado (15,5%), al INEM (12,2%) y a los sindicatos (9%), aunque otros, en menor medida, se asesoran en la propia empresa, preguntan a sus compañeros de trabajo o denuncian la situación a las autoridades. El estudio, efectuado sobre una muestra de 4.500 personas y que también se ha realizado a nivel autonómico, señala que por comunidades, Aragón (con un 56,7%) y Andalucía (52,6%) son las regiones donde los trabajadores más se mueven para hacer valer sus derechos, mientras que en el extremo contrario se sitúan Castilla y León (28,9%) y Extremadura (16,7%).
Finalmente, el estudio ha detectado tres perfiles de empleados en función de la actitud de éstos en cuanto a la defensa de sus derechos laborales, que son: el crédulo (33% de la población), el que confía y cuyo perfil se da más frecuentemente entre los más jóvenes (18 a 34 años y con estudios primarios); el trabajador cauto (43%), es decir, el que quiere comprobarlo (entre 50 y 64 años); y el trabajador inconformista (18%), que está en contra, no se fía y actúa, y que suelen ser personas jóvenes, con estudios universitarios y sin cargas familiares.